El FAP presentó un proyecto para prohibir la megaminería contaminante

El Interbloque Frente Amplio Progresista (FAP) presentó esta mañana el proyecto de Ley de Prohibición de Megaminería Contaminante, con la presencia de los diputados, Victoria Donda, Víctor De Gennaro, Claudio Lozano, Roy Cortina, Juan Carlos Zabalza, Alicia Ciciliani, Graciela Villata y Omar Duclós.

Interbloque del FAP presenta el proyecto contra la megaminería contaminante.

La autora del Proyecto, Victoria Donda, señaló que “el proyecto plantea prohibir la actividad de megaminería metalífera a cielo abierto en Argentina y le otorga más de 180 días a todas las empresas que se dediquen a esta explotación de metales, -como oro, plata, platino, plomo, litio, hierro- para presentar un estudio de impacto ambiental, de qué forma van a reconvertir tanto la tecnología para continuar con la explotación y cómo llevar adelante acciones que vayan a mejorar todo aquello que hayan contaminado. Todo va a quedar a disposición de las asambleas públicas. En nuestra ley contemplamos la consulta obligatoria popular indicada en diversas leyes y en la Constitución Nacional.”

Por su parte, Víctor De Gennaro llamó la atención sobre la ausencia de imágenes televisivas sobre el pueblo de Loncopué (Neuquén), donde “hubo una consulta popular vinculante que terminó 80 por ciento a 20 el rechazo a la megaminería contaminante a cielo abierto en una población dispersa. Cuando un pueblo como Loncopué pudo decidir porque era vinculante, definió separar lo que es elegir por sobrevivencia a las autoridades del Consejo Deliberante y lo que significa hipotecar el futuro de sus nietos. La votación para rechazar la megaminería fue diametralmente opuesta de la votación que habían hecho hace un tiempo atrás del manejo administrativo de la ciudad. Hay una alta conciencia popular y por eso ni siquiera (el gobernador de San Juan, José Luis) Gioja se anima a hacer un plebiscito sobre este tema.”

Finalmente, el diputado Lozano señaló que el tema de la megaminería tiene un “carácter integral que involucra cuestiones del orden social -habida cuenta de que en torno a los efectos que produce hay todo un proceso de criminalización de la protesta social en la Argentina-; un capítulo de orden económico concretamente vinculado al saqueo de recursos y al tema de la renta minera; cuestiones de soberanía; y el papel del Estado”.

“Estamos presentando un proyecto que debe ser entendido como un paso en una tarea legislativa mucho más amplia y profunda a dar, porque lo que hay que desmontar es todo un proceso normativo y de construcción institucional que se desarrolló para abrirle la puerta a este complejo minero trasnacional durante la década de los 90. Hay doce leyes que regulan la actividad minera que se votaron en los 90 y un correlato de leyes provinciales que están asociadas a las leyes nacionales, por ello hay que destacar que éste es un primer paso en todas las cuestiones a resolver respecto a este tema”, concluyó Lozano.

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