Fabio Basteiro, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano serán los oradores en el acto de Clausura del 3° Congreso Ordinario y 5° Extrordinario de Buenos Aires para Todos.  Participarán referentes de la Corriente Nacional por la Unidad Popular y del Frente Amplio Progresista.

Buenos Aires para Todos, el partido que preside Claudio Lozano, cerrará el 3° Congreso Ordinario y 5° Extraordinario con un acto en Unione e Benevolenza, Perón 1372, convocando a su militancia territorial y a las organizaciones sociales y sindicales con las que impulsan su propuesta política en el marco de la Corriente Nacional por la Unidad Popular, fuerza con la que el partido integra el Frente Amplio Progresista .

Este será primer acto organizado por la Mesa Ejecutiva partidaria, elegida el pasado 11 de abril, que se realizará el sábado 19 de mayo a las 18 horas, luego del debate político que, en el marco del Congreso, realizarán congresales, referentes y militancia.

Cabe señalar que este partido, que se conformó a finales de 2006 y cuenta con representación institucional tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la Legislatura porteña, ratificó recientemente la presidencia de Claudio Lozano fundador , junto a Víctor De Gennaro , de la Corriente  Nacional por la Unidad Popular (2010), fuerza que integra el Frente Amplio Progresista (FAP)

Los diputados del Bloque Unidad Popular Liliana Parada y Claudio Lozano, presentaron un proyecto de repudio ante los hechos ocurridos en el día de ayer cuando la Policía Metropolitana agredió y destruyó los bienes personales de personas en situación de calle en las inmediaciones de Tribunales.

Cabe señalar que la diputada Parada repudia este accionar de las fuerzas de seguridad metropolitanas porque desde su trabajo en la Legislatura como Presidenta de la Comisión de Ciudadanía Plena tomó el proyecto elaborado por organizaciones y personas en condición de vulnerabilidad, le dio apoyo y de esta manera se transformó en ley. Un proyecto de ley en la misma dirección se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.*

En sus fundamentos, la resolución de repudio hace referencia a dicha ley impulsada por Parada de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de calle y en Riesgo a la Situación de Calle, sancionada en diciembre de 2010, la cual, en su artículo 4º establece que “es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizar la promoción de acciones positivas tendientes a erradicar los prejuicios, la discriminación y las acciones violentas hacia las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”.

Para Parada, “evidentemente estos hechos, como el desalojo brutal de Constitución de la semana pasada, ponen de manifiesto que Macri solamente promulgó esta ley con un criterio electoralista, habida cuenta de las críticas que en ese entonces pesaban sobre su gobierno por el accionar de la UCEP.”

Se adjunta Proyecto de Repudio. Proyecto Repudio desalojo Pza Lavalle(1)

*Proyecto de ley 5137-D-2010 reproducido por expte. 0241-D-2012

Régimen de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de calle y en Riesgo a la Situación de Calle

El anteproyecto de Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños e Incapacidades Derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales parte de una visión integral de la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo y constituye un cambio de paradigma en relación al régimen vigente ya que remplaza a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como gestoras del sistema por una entidad sin fines de lucro y en cuya administración de carácter tripartito participan los trabajadores: el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. Ello además de fomentar la participación de los trabajadores en el diseño y control de las acciones de prevención; asegurar la reparación integral de los daños sufridos por accidentes de trabajo enfermedades laborales y de establecer la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones, entre otras tantas previsiones de suma importancia.

Ámbito de aplicación (art. 3): comprende a toda relación de trabajo, quedando así incluidas tanto las relaciones de trabajo de derecho privado como aquellas que se prestan en la esfera de las administraciones públicas en cualquiera de sus niveles, con la única exclusión de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Comprende también a los trabajadores rurales, del servicio doméstico, y quienes presten cualquier forma de trabajo en establecimientos penitenciarios en régimen de privación de la libertad. De igual modo, sus disposiciones se aplican a las sociedades, asociaciones y cooperativas en las que existan socios o asociados cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal como así también a las relaciones alcanzadas por el “Sistema de Pasantías Educativas” regidas por la ley 25.165 y demás normas complementarias, becarios, aprendices, trabajadores autónomos, trabajadores voluntarios, personas obligadas a la prestación de servicios de carga pública y a toda persona que preste un servicio laboral y que como contraprestación reciba retribución monetaria y/o en especie.

Para alcanzar los objetivos declarados de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y reparar los daños e incapacidades ocasionados por accidentes del trabajo y enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación y recalificación laboral de los trabajadores damnificados (art. 1) el anteproyecto se estructura a partir de dos ejes fundamentales: la prevención y la reparación.

La ejecución de las políticas y gestión del sistema que abonan al cumplimiento de tales fines está a cargo de cuatro instituciones:

• La Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral (art.8) cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo así como la promoción y apoyo al mejoramiento, la vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y sobre higiene y seguridad en el trabajo. Se le asignan actividades científico-técnicas entre las que se encuentra la de administrar por sí el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del siniestro, la empresa en la que ocurrió, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad por empleador y por actividad. Debe llevar también el registro de enfermedades laborales y desarrollar los estudios estadísticos sobre epidemiología laboral. Está a su cargo fomentar la cultura de la seguridad mediante la sensibilización de la pública. Tiene funciones de vigilancia y control de la normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo y sobre prevención de riesgos laborales; de asesoramiento a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada, etc.
• La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral (art. 12), como órgano asesor en materia de políticas de prevención de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de las administraciones del trabajo de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará integrada por representantes de cada región en que se divida el territorio nacional.
• Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (art. 61): que estará a cargo de la gestión de las prestaciones dinerarias y en especie (brindar asistencia médica y farmacéutica, suministrar prótesis y ortopedia, proveer la rehabilitación; recalificación profesional; y el servicio funerario –art.8–) y demás acciones previstas en el anteproyecto de ley y funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad económica, financiera y administrativa. Es destacar que el gobierno y administración del Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales estarán a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional cuya composición tripartita integrada por los representantes de los trabajadores.
• Comisiones Médicas (art. 82): encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o la enfermedad; el carácter y grado de la incapacidad; el contenido y alcance de las prestaciones en especie, cuando existiera discrepancia entre las partes. Es de destacar que los damnificados pueden optar por someter el conflicto a la decisión de las comisiones médicas o concurrir directamente ante los respectivos Tribunales del Trabajo.
• El anteproyecto reconoce expresamente los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores (arts.18 y 36) y establece la consulta obligatoria para los empleadores que pretendan adoptar medidas en algunos supuestos (art. 35), limitando y condicionando en favor de la salud de los trabajadores, el derecho de organización reconocidos por el orden jurídico a los empleadores a través del derecho de participación de los trabajadores.
• En igual sentido, es muy significativa la instauración de los Delegados de Prevención (art. 37) designados por voto directo y secreto de los trabajadores de la empresa, en cuya representación cumplen funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo (art. 42) como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica y supervisión de las actuaciones de la empresa o explotación en materia de prevención de riesgos.
• Cobra singular importancia en términos de protección integral de la salud del trabajador la novedosa incorporación dentro del marco tutelar dispuesto por el anteproyecto de la ley a las enfermedades derivadas de los factores de Riesgos psicosociales (art. 26), entendiéndose por éstos a los riesgos laborales derivados de las interacciones entre el contenido, la organización, y la gestión del trabajo y de las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades del trabajadores, por otra.
• Protección de la maternidad: Se establece la obligatoriedad del empleador de evaluar los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente y de adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a los riesgos específicos que puedan influir negativamente en la salud de la mujer, del feto o del hijo en período de lactancia (art. 27).
  El anteproyecto de ley impone la responsabilidad solidaria de las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras y o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo por las consecuencias derivadas del incumplimiento de la normativa sobre salud y prevención de riesgos laborales (art. 24).
• Reparación Integral: La reparación de los daños derivados del trabajo está a cargo del Banco. Sin embargo, la ley reconoce el derecho de los trabajadores damnificados o sus derechohabientes o herederos declarados en juicio a reclamar ante el empleador responsable de la contingencia la reparación de los daños y perjuicios que pudiera corresponderles de acuerdo a las normas del Código Civil, de las que se deducirán únicamente el valor de las prestaciones por incapacidad permanente definitiva que hayan percibido del BSATyEL (art. 92). Se asegura de este modo el derecho a la reparación integral del daño sufrido por el accidente de trabajo, enfermedad laboral o accidente in itinere.En relación a ello, se dispone la posibilidad que los empleadores contraten una póliza de responsabilidad civil adicional (art. 93) para hacer frente a las demandas en las cuales se les impute responsabilidad y por las que deba responder de acuerdo a las normas del Código Civil a las que refiere el párrafo anterior.
• Competencia: el anteproyecto dispone que sea la justicia ordinaria del trabajo (art. 103) la encargada de dirimir los conflictos en los cuales se diriman conflictos relacionados con la aplicación de las disposiciones previstas en el anteproyecto de ley.
• Discriminación: El anteproyecto de ley establece una tutela especial (art. 98) de dos años para aquellos trabajadores que se reintegren al trabajo luego de haber sufrido un accidente o una enfermedad laboral y sean despedidos por el empleador. La norma presume, salvo prueba en contrario, la motivación discriminatoria del despido y otorga al trabajador la potestad de solicitar su reincorporación o exigir una indemnización especial adicional a las indemnizaciones comunes que le correspondan.
• Deber de seguridad del empleador y derecho del trabajador a rehusarse a prestar tareas en caso de peligro inminente: El anteproyecto propone el retorno a la redacción original del art. 75 de la ley 20.744 en el cual se establece además del deber de seguridad a cargo del empleador, la posibilidad que el trabajador rehúse la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, cuando le fuera exigido trabajar en trasgresión a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo y exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora.

Jorge Yabcowski (secretario de Salud Laboral de la CTA), Pablo Micheli (secretario General de la Central) y los diputados Víctor de Gennaro y Claudio Lozano.

El diputado nacional Víctor De Gennaro, del bloque Unidad Popular, junto a Pablo Micheli, Secretario General de la CTA, presentaron en una conferencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, ante más de 200 dirigentes de organizaciones de todo el país, las bases para el debate sobre un nuevo proyecto de ley sobre “Prevención de Riesgos y Reparación de daños Laborales”.

De Gennaro abrió el encuentro pidiendo un aplauso por el éxito del paro de ATE “porque tenemos que ver con esa historia, porque no sólo somos la resistencia de los 90 sino que además estamos más comprometidos, hoy desde distintas instancias, para plantear la superación de los problemas que nos dejaron la aplicación de esas políticas neoliberales que siguen existiendo”. Dirigiéndose a todos los compañeros presentes ratificó que “esta instancia de debate tiene que ver con la construcción de legislación desde la perspectiva de los trabajadores y a la vez es darle un duro golpe a uno de los pilares de la política de los 90´que son las ART”.

“Atrás de la muerte de los compañeros está el negocio multimillonario de las Aseguradoras, atrás del padecimiento de los trabajadores está la ganancia de estas empresas que siguen siendo defendidas en la actualidad por los gobiernos de turno. Las 8 ART más importantes concentran el 75% de los trabajadores en blanco donde la tarifa es más importante que la vida. Es un negocio que factura $12 mil millones al año, que vive a costillas de la enfermedad y sufrimiento de los trabajadores; y lo peor, con complicidad de los gobiernos de turno pero también con la sociedad de organizaciones sindicales que lucran o terminan lucrando con la enfermedad de los compañeros. Eso nos subleva”, enfatizó De Gennaro.

El hoy diputado nacional señaló que “vamos por la derogación de la ley, pero discutiendo qué modelo queremos con todos los compañeros y compañeras que cotidianamente trabajamos y tenemos la experiencia necesaria para construir un proyecto alternativo. Frente al negocio y la muerte nosotros proponemos solidaridad y vida”.

A los anteriormente citados, se suman los diputados Jorge Cardelli y Victoria Donda.

“No queremos un negocio que lucre, queremos un sistema que funcione como banco público nacional –sin fines de lucro- que otorgue garantías para auxiliar a accidentados y enfermos, y considere la justa reparación del daño a los trabajadores. Con control de los trabajadores, y todos los actores sociales, con delegados de prevención elegidos por los trabajadores más allá del sindicato, si está afiliado o no lo está. El fin es prevenir, parar la muerte y garantizar la vida”, finalizó De Gennaro.

Pablo Micheli

Por su parte, el secretario General de la CTA Pablo Micheli dijo “sentirse muy feliz por llegar a esta instancia de debate después de nuestro largo camino”. “Este tema de prevención no es un tema al que se le dé demasiada importancia; sin embargo, muchos dirigentes sindicales se ‘metieron’ en la Seguridad Social por negocio, siendo socios de las AFJP y también de las ART –negocios que se hacían con la vida y la muerte de los compañeros”.

El dirigente de la CTA felicitó a Víctor por el trabajo desarrollado, por avanzar en el debate de este tema y elaborar políticas. Micheli cerró su participación diciendo que “los diputados oficialistas tendrían que apoyar esta modificación, eso dicta el sentido común, pero si no se debate, si no se acompaña, se acompañará esta propuesta con la movilización en la calle”.

Claudio Lozano

Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, señaló que “estamos discutiendo un negocio de más de $12 mil millones por año donde sólo 5 firmas concentran más del 50% del negocio, que deja afuera de la cobertura a la mitad de los trabajadores y que especula con la muerte de 7 trabajadores por día”.

Estuvieron presentes en la conferencia pública los diputados nacionales Claudio Lozano y Graciela Iturraspe –Unidad Popular–, el senador Rubén Giustiniani –Socialismo–, y los diputados nacionales Victoria Donda –Libres del Sur– y Jorge Cardelli –Proyecto Sur. Partiparon también dirigentes de organizaciones sindicales entre ellos Víctor Mendibil, José Rigane, Hugo Godoy, José Luis Matassa y Ricardo Peidro, entre otros.

Lineamientos del Proyecto

El anteproyecto de Ley de Prevención de los Riesgos Laborales y Reparación de Daños e Incapacidades Derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales parte de una visión integral de la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo y constituye un cambio de paradigma en relación al régimen vigente ya que remplaza a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como gestoras del sistema por una entidad sin fines de lucro y en cuya administración de carácter tripartito participan los trabajadores: el Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales. Ello además de fomentar la participación de los trabajadores en el diseño y control de las acciones de prevención; asegurar la reparación integral de los daños sufridos por accidentes de trabajo enfermedades laborales y de establecer la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones, entre otras tantas previsiones de suma importancia.

Ámbito de aplicación (art. 3): comprende a toda relación de trabajo, quedando así incluidas tanto las relaciones de trabajo de derecho privado como aquellas que se prestan en la esfera de las administraciones públicas en cualquiera de sus niveles, con la única exclusión de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Comprende también a los trabajadores rurales, del servicio doméstico, y quienes presten cualquier forma de trabajo en establecimientos penitenciarios en régimen de privación de la libertad. De igual modo, sus disposiciones se aplican a las sociedades, asociaciones y cooperativas en las que existan socios o asociados cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal como así también a las relaciones alcanzadas por el “Sistema de Pasantías Educativas” regidas por la ley 25.165 y demás normas complementarias, becarios, aprendices, trabajadores autónomos, trabajadores voluntarios, personas obligadas a la prestación de servicios de carga pública y a toda persona que preste un servicio laboral y que como contraprestación reciba retribución monetaria y/o en especie.

Para alcanzar los objetivos declarados de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y reparar los daños e incapacidades ocasionados por accidentes del trabajo y enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación y recalificación laboral de los trabajadores damnificados (art. 1) el anteproyecto se estructura a partir de dos ejes fundamentales: la prevención y la reparación.

La ejecución de las políticas y gestión del sistema que abonan al cumplimiento de tales fines está a cargo de cuatro instituciones:

• La Oficina Nacional de Seguridad y Salud Laboral (art.8) cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo así como la promoción y apoyo al mejoramiento, la vigilancia y el control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y sobre higiene y seguridad en el trabajo. Se le asignan actividades científico-técnicas entre las que se encuentra la de administrar por sí el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del siniestro, la empresa en la que ocurrió, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad por empleador y por actividad. Debe llevar también el registro de enfermedades laborales y desarrollar los estudios estadísticos sobre epidemiología laboral. Está a su cargo fomentar la cultura de la seguridad mediante la sensibilización de la pública. Tiene funciones de vigilancia y control de la normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo y sobre prevención de riesgos laborales; de asesoramiento a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada, etc.
• La Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral (art. 12), como órgano asesor en materia de políticas de prevención de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, de las administraciones del trabajo de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará integrada por representantes de cada región en que se divida el territorio nacional.
• Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (art. 61): que estará a cargo de la gestión de las prestaciones dinerarias y en especie (brindar asistencia médica y farmacéutica, suministrar prótesis y ortopedia, proveer la rehabilitación; recalificación profesional; y el servicio funerario –art.8–) y demás acciones previstas en el anteproyecto de ley y funcionará como persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad económica, financiera y administrativa. Es destacar que el gobierno y administración del Banco de Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales estarán a cargo de un Directorio Ejecutivo Nacional cuya composición tripartita integrada por los representantes de los trabajadores.
• Comisiones Médicas (art. 82): encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o la enfermedad; el carácter y grado de la incapacidad; el contenido y alcance de las prestaciones en especie, cuando existiera discrepancia entre las partes. Es de destacar que los damnificados pueden optar por someter el conflicto a la decisión de las comisiones médicas o concurrir directamente ante los respectivos Tribunales del Trabajo.
• El anteproyecto reconoce expresamente los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores (arts.18 y 36) y establece la consulta obligatoria para los empleadores que pretendan adoptar medidas en algunos supuestos (art. 35), limitando y condicionando en favor de la salud de los trabajadores, el derecho de organización reconocidos por el orden jurídico a los empleadores a través del derecho de participación de los trabajadores.
• En igual sentido, es muy significativa la instauración de los Delegados de Prevención (art. 37) designados por voto directo y secreto de los trabajadores de la empresa, en cuya representación cumplen funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo y control de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y del Comité de Prevención de Riesgos en el Trabajo (art. 42) como órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica y supervisión de las actuaciones de la empresa o explotación en materia de prevención de riesgos.
• Cobra singular importancia en términos de protección integral de la salud del trabajador la novedosa incorporación dentro del marco tutelar dispuesto por el anteproyecto de la ley a las enfermedades derivadas de los factores de Riesgos psicosociales (art. 26), entendiéndose por éstos a los riesgos laborales derivados de las interacciones entre el contenido, la organización, y la gestión del trabajo y de las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades del trabajadores, por otra.
• Protección de la maternidad: Se establece la obligatoriedad del empleador de evaluar los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente y de adoptar las medidas necesarias para evitar su exposición a los riesgos específicos que puedan influir negativamente en la salud de la mujer, del feto o del hijo en período de lactancia (art. 27).
  El anteproyecto de ley impone la responsabilidad solidaria de las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras y o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo por las consecuencias derivadas del incumplimiento de la normativa sobre salud y prevención de riesgos laborales (art. 24).
• Reparación Integral: La reparación de los daños derivados del trabajo está a cargo del Banco. Sin embargo, la ley reconoce el derecho de los trabajadores damnificados o sus derechohabientes o herederos declarados en juicio a reclamar ante el empleador responsable de la contingencia la reparación de los daños y perjuicios que pudiera corresponderles de acuerdo a las normas del Código Civil, de las que se deducirán únicamente el valor de las prestaciones por incapacidad permanente definitiva que hayan percibido del BSATyEL (art. 92). Se asegura de este modo el derecho a la reparación integral del daño sufrido por el accidente de trabajo, enfermedad laboral o accidente in itinere.En relación a ello, se dispone la posibilidad que los empleadores contraten una póliza de responsabilidad civil adicional (art. 93) para hacer frente a las demandas en las cuales se les impute responsabilidad y por las que deba responder de acuerdo a las normas del Código Civil a las que refiere el párrafo anterior.
• Competencia: el anteproyecto dispone que sea la justicia ordinaria del trabajo (art. 103) la encargada de dirimir los conflictos en los cuales se diriman conflictos relacionados con la aplicación de las disposiciones previstas en el anteproyecto de ley.
• Discriminación: El anteproyecto de ley establece una tutela especial (art. 98) de dos años para aquellos trabajadores que se reintegren al trabajo luego de haber sufrido un accidente o una enfermedad laboral y sean despedidos por el empleador. La norma presume, salvo prueba en contrario, la motivación discriminatoria del despido y otorga al trabajador la potestad de solicitar su reincorporación o exigir una indemnización especial adicional a las indemnizaciones comunes que le correspondan.
• Deber de seguridad del empleador y derecho del trabajador a rehusarse a prestar tareas en caso de peligro inminente: El anteproyecto propone el retorno a la redacción original del art. 75 de la ley 20.744 en el cual se establece además del deber de seguridad a cargo del empleador, la posibilidad que el trabajador rehúse la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, cuando le fuera exigido trabajar en trasgresión a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo y exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora.

Fuente: Agencia ACTA - Fotos: Luis Bañagasta

Los diputados nacionales del Interbloque del Frente Amplio Progresista Claudio Lozano Unidad Popular-, Juan Carlos Zabalza, Socialismo-, Margarita Stolbizer, GEN-, Victoria Donda, Libres del Sur- y Ernesto Martínez , Frente Cívico Córdoba- realizaron la siguiente declaración tras la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Fondos de la Seguridad Social, a la que asistió Diego Bossio, actual administrador del ANSeS.

De manera sospechosa, entre gallos y medianoche, sin informar a los diferentes bloques ni respetar proporcionalidad alguna, el Frente para la Victoria conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Fondos de la Seguridad Social (ANSeS) sin incluir al Frente Amplio Progresista (segunda fuerza política nacional desde octubre de 2011). Curiosa decisión ya que deja fuera a Diputados y Senadores que vienen siguiendo pie juntillas la administración de esos fondos convencidos que es el desvío de los mismos lo que impide mejorar de manera sustantiva los haberes de los jubilados argentinos. Definición de un oficialismo que de este modo agrava la opacidad y falta de transparencia en la administración de los recursos de la Seguridad Social.

Se impide, entonces, que legisladores, que han presentado en la justicia causas que involucran al hoy Vicepresidente y ayer administrador del ANSeS y Ministro de Economía, puedan participar de una comisión que de este modo se transforma en una verdadera fantochada. Los Legisladores del Frente Amplio Progresista han denunciado y demostrado que de la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSeS han desaparecido sin explicación unos 4.200 millones de pesos, se han utilizado sus recursos para la compra de acciones de empresas en las que amigos del hoy vicepresidente  Boudou eran accionistas (ejemplo: Hernán Fardi Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Chodos, Directorio del Banco Central-, etc.), o se han efectuado compras de títulos públicos que la ANSeS no podía comprar (préstamos garantizados) favoreciendo millonarias transferencias de ingresos a los principales Bancos de plaza y en desmedro de las posiciones financieras del ANSeS.

Es en este marco que el oficialismo monta la escena en la que expone el hoy titular del ANSeS, Diego Bossio, quien no hace otra cosa que seguir burlando a la opinión pública, a los jubilados y al Parlamento Nacional. Lo hace afirmando tonteras varias como la que implica medir el éxito de la administración del Fondo de Garantía de la ANSeS por haber crecido un 113% comparado con el año 2008, cuando justamente en ese año a consecuencia de la crisis local e internacional los precios de los bonos públicos estaban destruidos y por el suelo. O peor aún, esgrimiendo la vocación social del oficialismo señalando que su prioridad ha sido la recomposición del haber mínimo y ocultando que justamente por eso, casi 8 de cada 10 jubilados apenas cubre la mitad de la canasta de bienes y servicios que un jubilado necesita para vivir en nuestro país.

El oficialismo monta una escena de supuesto control de una Comisión Bicameral a la que boicotea permanentemente haciendo imposibles los controles a través de distintos mecanismos. En primer lugar, la Bicameral recibe la información de las operaciones hechas por la ANSeS con seis meses de atraso, situación ésta que impide cualquier auditoría elemental. A la vez, el oficialismo presentó la información en un formato gráfico (no electrónico) conformado por fotocopias ilegibles que impiden evaluar los resultados precisos de las operaciones desarrolladas por el organismo.

El oficialismo ha dejado afuera de la Bicameral que controla los Fondos de la Seguridad Social al Frente Amplio Progresista para seguir poniendo dichos recursos en cualquier cosa y no en garantizar el 82% móvil a los jubilados argentinos.

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La presentación contó con el apoyo de distintas organizaciones sociales y ONG´s involucradas en el tema, y de las diputadas nacional y provincial del FAP Virginia Linares y Rita Liempe.

El Concejal Gastón Crespo enfatizó en que: “debemos hacer visible el problema, ya que muchas veces no pasa del ámbito de la intimidad. Hay que crear las herramientas necesarias para que el estado municipal coordine las distintas áreas que atienden estas situaciones, para que la mujeres dejen de sufrir desigualdades”.

La Ordenanza plantea que el municipio debe adherir a la Ley Nacional 26.485 de Violencia de Género, ya que actuaría como un paraguas para posteriores intervenciones. Y, por otro lado, busca optimizar los recursos municipales para el correcto y eficaz funcionamiento de los programas locales destinados a esta población específica.

Según lo expuesto por la diputada provincial de la Unidad Popular Rita Liempe, “la violencia de género no sólo tiene que ver con los golpes, sino que existen distintos niveles y tipos de violencia donde la mujer es desacreditada y avasallada por el hombre, como por ejemplo el mundo del trabajo”.

Por su parte, Virginia Linares, Diputada Nacional del GEN en FAP, sostuvo que “faltan políticas públicas que aborden la problemática de manera concreta. No puede ser que el presupuesto nacional para la materia para todo el año haya sido de 13 millones de pesos. Con ese dinero no se puede hacer nada”, concluyó la diputada.

En materia de herramientas concretas de intervención, se requiere crear e implementar en todo el territorio municipal de las “Casas Refugio”, que funcionan como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género.

Para finalizar, la presidenta de Amas de Casas, Gladis Roldán, dijo que “los refugios deben tener lo indispensable para poder funcionar, en esta situación no tenemos dinero para solventar el día a día. Lo que nosotros ansiamos es que las mujeres tengan la posibilidad de salir a luchar y no quedarse sometida en la calle”.

Frente a la ausencia de políticas efectivas en materia de alimentación y salud, que golpea a todo el territorio del norte provincial, el Instrumento Electoral por la Unidad Popular de Salta Capital realizó este fin de semana, en la localidad de Pichanal, la entrega de alimentos y 300 prendas de ropas de niños y adultos, al Padre Fray Roberto Velásquez, referente de la Misión San Francisco. Los alimentos y la ropa fueron recaudados en el festival solidario por los pueblos originarios que  llevó a cabo la juventud del UP a principios de mes. La actividad permitió la inserción a territorios histórica y actualmente postergados del norte salteño. Pero, como redactamos en el documento que acompañó a la mercadería “entendemos que la entrega no representa, ni por cerca, una solución a las problemáticas recalcadas a nivel nacional por los compañeros de las comunidades originarias. Pero si es una acción efectiva frente al sistemático desconocimiento del Gobierno Provincial, que niega las muertes por desnutrición con la impunidad que caracteriza a los regímenes feudales.”

Hicimos pie en la Misión San Francisco, de Pichanal, donde viven cerca de 6 mil guaraníes, 156 coyas, 832 criollos y 257 bolivianos, que han cerrado las puertas a los embates de las fuerzas regionales, como por ejemplo, el justicialismo. Los compañeros saben quién es quién, y qué quiere cada uno. Sin embargo, la experiencia de la UP fue distinta. El núcleo indígena más grande de Salta, y uno de los más importantes en Argentina, recibió a la juventud del partido con las puertas abiertas. De la reunión con los vecinos y miembros de la Iglesia referentes en el territorio, la proyección de trabajo es infinita, con la voluntad mutua de abordar todas las aristas posibles.

Allí mismo marcha a pasos acelerados la constitución de un local y merendero que en la puerta tendrá el cartel del Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Los compañeros de Pichanal avanzan también en el mapeo y la junta de adhesiones. Y la coyuntura política, tanto nacional como provincial, nos indica que asistimos a la antesala de una fractura única en el aparato corrupto y asistencialista.

Sólo en la Misión San Francisco, la realidad en materia sanitaria es devastadora. Allí viven 863 niños de entre 1 y 5 años y 164 menores de 1 año. De ellos, 52 tienen déficit alimentario y 84 se encuentran bajo la guadaña del riesgo nutricional. Si no son asistidos con urgencia, morirán. El Estado, nuevamente, no traza acciones eficaces y rápidas. En la Misión San Francisco, durante 2008, 9 actas de defunción estaban selladas con la firma de la desnutrición. En 2009 fueron 7 y en 2010 fueron 6. La situación no es diferente en el resto de Salta: en 2011 fueron 11 los muertos de hambre. Esos números no incluyen las actas de defunción firmadas como “paros cardíacos” o “neumonía”.

A una hora de Pichanal, en San Ramón de la Nueva Orán, nada cambia. La conducción oficialista intenta ocultar un nuevo escándalo por corrupción. Mientras los changuitos se nos mueren, ellos se enriquecen. Radio Cadena NOA de Orán informó hace dos días que llega a 20 millones de pesos la defraudación municipal en esa ciudad que involucra al jefe comunal Marcelo Lara Gros y al ex secretario de Hacienda, Darío Zabala. “La investigación de la AFIP determinó que el ex funcionario posee cuentas bancarias con 12 millones de pesos, entre cuentas propias y cuentas compartidas en los bancos Macro, Santander Río y Nación, Se calcula que Zabala habría gastado cuatro millones de pesos entre automóviles, propiedades, terrenos y gastos personales en viajes mientras era funcionario municipal”, anuncia la prensa local.

Y allí también hicimos pie con la juventud de la UP. puntualmente, en el barrio obrero San Cayetano, cuya construcción está apuntalada desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Allí también se está levantando el local de la Unidad Popular, sobre el barro que los militantes de café  no se atreven a pisar.

La realidad impone su rigor. Hay oranenses que asisten a la emergencia habitacional pero prefieren poblar, pagando y todo, las viviendas del Estado, antes que resistir en tierras donde no tienen que poner ni un peso por las parcelas, como en San Cayetano. Donde son tres las condiciones para vivir: Trabajar por la organización popular y comunitaria del barrio, no negociar las tierras y no vender droga. El kirchnerismo se ha filtrado en los focos de resistencia comunitaria al punto de generar una apatía política, difícil de discutir en los barrios. San Cayetano se presenta como una solución diferente a la emergencia habitacional. Ese es el punto de partida.

Frente a la inacción estatal, hemos puesto en aviso a la prensa local y nacional. También a organismos de derechos humanos, porque entendemos que la represión se agudiza y las muertes aumentan. En el programa discutido desde las asambleas locales de la UP se fortalece el compromiso de apuntalar el trabajo en el norte provincial, hacia una gran constituyente, enclavada en el corazón de la ruta de la droga y la explotación finquera. Llamamos a los compañeros de la Corriente Nacional y del Frente Amplio Progresista a interpretar, interpelar y complementar nuestra posición frente a un momento crítico y próspero, al mismo tiempo, de la situación política en el Noroeste argentino.

Estuvieron presentes 62 compañeros, representativos de las 4 fuerzas que conformamos el frente en Moron.

Funcionaron 5 comisiones: Género, Trabajo Territorial, Políticas, Municipales, Educación y Juventud, Salud y Medio Ambiente.

Unidad Popular participó en 4 de las 5 comisiones con compañeros del Hospital Posadas, Morón Sur, Castelar y Haedo.

Cabe señalar que estuvieron presentes las Concejales electas: Analía Zapulla y Adriana Kreiman, quienes participaron en las comisiones de Trabajo Territorial y, Educación y Juventud, respectivamente.

Las conclusiones de las comisiones fueron recibidas con aplausos por los compañeros y haremos esfuerzos para que lleguen las devoluciones de las mismas.

El Manifiesto Fundacional del FAP fue distribuido a cada uno de los compañeros participantes y  sirvió de marco a la Construcción del Mapa del Campo Popular en el distrito.

_El FAP se hace cargo de las tareas en el distrito.

_Nos planteamos desarrollo organizativo para gobernar.

_Construir lo propio-”Año de la organización”.

_Armar el Mapa del Campo Popular-Se constituyeron Comisiones de Salud entre otras.

_Nuestros Concejales y Diputados-ariete de legalidad- del pueblo en el distrito.

Partcipó de las deliberaciones el compañero Walter Rojas.

Los Diputados del FAP Victor De Gennaro, Margarita Stolbizer y Ricardo Cucovillo fueron recibidos esta tarde por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Eduardo de Lazzari y la Procuradora María del Carmen Falbo, en el marco del conflicto judicial instalado en la provincia.

El encuentro se realizó horas antes que De Lazzari y Falbo concurrieran a la reunión tripartita convocada a las 18 hs. en el Ministerio de Trabajo (Gobierno Provincial, Corte Suprema y trabajadores de la justicia)  y tuvo como objetivo escuchar los planteos de los Diputados Nacionales con respecto a la problemática laboral y a la deficitaria situación del sistema judicial.

Durante el encuentro, los jueces plantearon que el sistema judicial es un servicio esencial, criterio que se contradice con lo establecido por la OIT. En este sentido, los legisladores manifestaron que las normativas de la Organización Internacional del Trabajo no incluyen al sistema judicial en la categoría de esencialidad y, por lo tanto, no pueden cercenarle a los trabajadores el derecho a huelga.

Respecto a la discusión salarial, los Diputados consideraron que “la provincia cuenta con fondos suficientes para afrontar el reclamo de los trabajadores” y sostuvieron que “el problema es que la coparticipación está mal distribuida”. Por su parte, para los magistrados, la falta de presupuesto de la Corte es un impedimento para la solución del conflicto.

La delegación de diputados del FAP elegidos por provincia de Buenos Aires, expresó también su preocupación por la crisis de prestación que hoy afecta al territorio bonaerense. Al salir del encuentro, De Gennaro dijo que “en este caso no hay conciliación obligatoria porque no hay paritarias. No hay dos partes iguales que se sienten a negociar. Nosotros estamos del lado de los trabajadores judiciales que tienen una vasta tradición de lucha y de participación sindical demostrada en sus asambleas y en la contundencia de las medidas de fuerza que llevan adelante”. Y agregó “vinimos hasta acá para hacernos cargo de los problemas que hoy afectan a la gente de una Provincia en la que sus gobernantes discuten los cargos a futuro y dejan sin resolver las problemáticas sociales”.

“Nuestra misión fue tratar de colaborar para que se destrabe el conflicto y escuchar cuales son los motivos por los cuales no pueden atender las demandas de los trabajadores judiciales”, señaló Margarita Stolbizer. “La respuesta que nos dieron no condice con lo que ha sido el devenir de este conflicto. Expresaron que tienen voluntad de resolverlo pero es el Poder Ejecutivo el que alega falta de plata. Es claro que uno le tira la pelota a otro, y en definitiva los que terminan pagando las consecuencias son los trabajadores que no tienen una respuesta”, destacó la diputada.

Luego, De Gennaro, Stolbizer y Cuccovilo fueron a la sede de la CTA La Plata* para transmitirles al Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco, al Secretario General de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendibil, y a los trabajadores allí reunidos lo ocurrido durante la reunión.

Este jueves 17 de mayo a partir de las 16:00 horas, en la Sala 1, Piso 2, Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en la calle Riobamba 25 de la Ciudad de Buenos Aires.

Participarán diputados nacionales, dirigentes sindicales y expertos en la materia.

SÍNTESIS Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL ANTEPROYECTO DE LEY_ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y REPARACIÓN DE DAÑOS LABORALES_