Por Luis Miguel Baronetto / El 7 de agosto de 2011 los cordobeses estamos convocados a ejercer nuestros derechos cívicos. Deberemos elegir con nuestro voto a quienes asumirán la responsabilidad de gobernar la provincia. Cuando a nivel latinoamericano y nacional, vienen posicionándose políticas de estado que tienden a garantizar mayores niveles de dignidad y derechos, es necesario impulsar en la provincia la opción que mejor expresa la decisión de revalorizar el estado para restituir los derechos humanos con políticas sociales que fueron devastadas en el largo reinado neoliberal, que en Córdoba se expresó en los gobiernos de Eduardo Angeloz y Ramón Mestre, del radicalismo; y José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, del justicialismo.

La memoria cordobesa

A los 35 años de la instauración del terrorismo de estado, la memoria cordobesa necesita hacerse presente para afrontar la construcción social y política con mayores niveles de respeto y vigencia de los derechos humanos. Los olvidadizos del ayer, que se montaron en la desaparición y el exterminio de tantas y tantos luchadores para implementar el neoliberalismo en nuestra provincia, quieren ahora saltar el charco para simular una adecuación a los nuevos tiempos del despertar político que el pueblo busca protagonizar para hacerse constructor de su propia historia.

La memoria de las luchas de los trabajadores que tuvieron su máxima expresión en el Cordobazo, se revitalizó cuando el pueblo cordobés debió enfrentar los intentos privatizadores que encarnaron sucesivamente Angeloz, Mestre y De la Sota.

Violaciones a los derechos humanos en democracia

En 1973 los tradicionales intereses concentrados del poder cordobés no toleraron el avance popular que llevó al gobierno a Obregón Cano y Atilio López; y anticiparon el terrorismo de estado con su derrocamiento en febrero de 1974 a manos de la policía de Navarro y las bandas facistas protegidas desde la Secretaría de Gobierno municipal de entonces, a cargo de quien pretende otra vez candidatearse para gobernar nuestra provincia. El asesinato del ex vicegobernador y secretario general de la CGT Atilio López fue la advertencia mayor. Aquel avance represivo se incrementó con la llegada del interventor Lacabanne y sus huestes asesinas, que allanaron sindicatos, detuvieron y persiguieron a sus principales dirigentes; y secuestraron y dinamitaron una larga lista de reconocidos militantes, dando origen con la patota del D2, al nefasto Comando Libertadores de América, versión cordobesa de las terroríficas 3 A, que el 3er. Cuerpo de Ejército con Menéndez a la cabeza, organizó antes que se implantara el genocidio en todo el país.

La complicidad del poder económico

Los grandes grupos económicos del país fueron los principales beneficiarios del terrorismo de estado, con Martínez de Hoz como Ministro de Economía del genocida Videla. En Córdoba se nuclearon en la Fundación Mediterránea. En el discurso inaugural el 6 de julio de 1977, Piero Astori, su presidente, dijo: “Las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la conducción de la Nación para salvaguardar la existencia misma de la patria. El gobierno ha convocado a la ciudadanía a participar en el Proceso de Reorganización Nacional mediante un diálogo constructivo. La decisión de formar la Fundación Mediterránea es nuestra contestación afirmativa a la convocatoria.”

Estos empresarios se valieron tanto de las dictaduras militares como de las democracias que les siguieron, para violar derechos humanos fundamentales gracias a la implantación del salvaje modelo neoliberal que acarreó desocupación, precarización laboral, congelamiento salarial, destrucción de las obras sociales, privatización de empresas y servicios públicos, etc..-

Angeloz, Ramón Mestre y Oscar Aguad

En Córdoba fue encarnado por el radicalismo de Angeloz y de Ramón Mestre con su ministro Oscar  Aguad, que ascendieron al torturador Carlos Yanichelli en las filas policiales para reprimir al movimiento piquetero en Cruz del Eje y las protestas por los ajustes que redujeron salarios a empleados públicos, bancarios y jubilados o cerraron jardines maternales, escuelas rurales y hospitales. Pero además homenajearon a genocidas como Menéndez, el “general democrático” según Angeloz, con quien compartió tertulias junto a Primatesta; o con Ramón Mestre y Oscar Aguad, exhibiéndolo orgullosos en el mismo palco del gobierno.

De la Sota: “Los derechos humanos son para los decentes”

Este modelo devastador y represivo se desnudó con el menemismo tardío que llegó con De la Sota en 1999 y sus embates privatizadores: detención masiva de trabajadores de Luz y Fuerza y la querella por calumnias e injurias cuando desde la función gremial denunciamos maniobras de corrupción en la privatización del Banco de Córdoba. Más graves aún, los crímenes del niño David Moreno y el joven Ferreira, de Villa El Libertador en la represión a las protestas del “Que se vayan todos” en diciembre del 2001, que por complicidad de la justicia se mantienen en la impunidad. Fue el correlato de la represión de De la Rua y Ramón Mestre en Plaza de Mayo con muertos, heridos y detenidos.

No hay que olvidar que fue José Manuel De la Sota quien trajo a la política a Domingo Cavallo, el niño prodigio de la Fundación Mediterránea, que como Presidente del Banco Central de la dictadura ya – en 1982 -había estatizado las deudas de las empresas privadas. Y fue después el principal “gurú” del neoliberalismo que estalló en el 2001.

De la Sota mostró su verdadero pelaje – y este no era postizo – cuando impuso, coimas mediante, la Ley Bodega del “nuevo estado” privatizador, para beneficiar con el Banco de Córdoba a los hermanitos Rom, del Banco General de Negocios, instrumento para el lavado de dinero en Argentina y Uruguay, que también fundieron el Banco de Santa Fe. En esa misma ley se inventó el “chorro” de las Agencias, sin control administrativo del Tribunal de Cuentas, por donde se dilapidaron recursos de los cordobeses que fueron a los bolsillos propios o de las empresas publicitarias vendedoras de pompas de jabón.

La violación a los derechos humanos del gobierno de De la Sota se profundizó en el 2005 cuando ordenó reprimir el motín carcelario, con ocho muertos. “Los derechos humanos son para los decentes”, dijo entonces el gobernador, mientras sus ministros Olivero y Falo robaban luz, colgando los ganchos.

Pero además profundizó la exclusión social sepultando a los pobres en ciudades marginales, para que no afeen la ciudad de los blancos; y sus jóvenes queden discriminados en las orillas, perseguidos por la policía de la tolerancia 0, que le recomendó Blumberg y le enseñó el Manhattan Institute de New York. Esta política de criminalización de la pobreza y de la protesta social, aplicando el Código de Faltas, se extendió hasta hace poco cuando los estudiantes secundarios fueron salvajemente golpeados por la policía de Schiaretti frente a la Legislatura.

Para desnudar la hipocresía hay que refrescar la memoria

Fue un insulto a los torturados y asesinados en el D2, que el ahora candidato aliado del gobierno nacional, dijese en ese mismo lugar, en el acto del 24 de marzo del 2004, que “Las madres y abuelas de Plaza de Mayo no supieron cuidar a sus hijos”. Más grave aún cuando se mantuvo en la función pública al legislador Haroldo Senn, denunciado aquí y en Santa Fe como activo colaborador en los campos de concentración del terrorismo de estado.

Nadie con historia de luchas y coherencia de vida puede hoy justificar cualquier alianza para votar al máximo violador de los derechos humanos de los últimos tiempos democráticos cordobeses. Una historia macartista, con políticas autoritarias, para implementar en Córdoba a contrapelo de la lucha de los trabajadores el neoliberalismo del menemismo tardío de triste memoria, que volverá burlando y traicionando acuerdos y alianzas. La memoria nos exige apuestas más próximas a nuestras convicciones.

Una opción distinta y posible para Córdoba

Ese modelo represivo, conservador y elitista, envasado en el bipartidismo, empezó a romperse en el 2003, cuando emergió la fuerza de lo nuevo, revitalizando una gestión del estado que entendió los derechos humanos, desde la memoria de las violaciones del ayer para impregnar los proyectos del hoy. Las excavaciones de las fosas del cementerio San Vicente y la construcción del Memorial a los desaparecidos fueron el signo más claro de una voluntad política por desenterrar los proyectos inconclusos de justicia social y dignidad humana. Y se aplicaron en la gestión municipal que se abrió a la participación de los vecinos, disminuyó los índices de la desnutrición infantil, mejoró la calidad educativa, elevó la dignidad de los trabajadores, se ocupó de los derechos humanos de hoy y aplicó políticas sociales preventivas y asistenciales respondiendo a las demandas concretas y cotidianas de la ciudadanía cordobesa.

Esta es la perspectiva de la realidad política que se nos abre en Córdoba. Alimentados en la mejor memoria de las luchas populares, fortalecidos por el testimonio de tantos y tantas que fueron víctimas del terrorismo de estado y asumiendo la responsabilidad de presentar una alternativa más justa y solidaria, que encarne los derechos humanos en todas sus políticas gubernamentales, apostamos a la construcción del Frente Cívico que regirá los destinos de la provincia de Córdoba con Luis Juez Gobernador.

24 de marzo de 2011
Luis Miguel Baronetto
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS del FRENTE CÍVICO