Políticas asistenciales versus políticas de derechos

En el Día Nacional de la Discapacidad, Carlos Ferreres, secretario de Discapacidad de la CTA, acerca su mirada sobre la intervención del Estado en esta temática y las políticas públicas para abordarla.

Por Carlos Ferreres*

(Agencia ACTA-CTA) Este 3 de diciembre se conmemora el Día Nacional de la Discapacidad. Siempre sostuvimos que la discapacidad es una construcción social y por lo tanto una cuestión política. Si no se aplica esta mirada es difícil entender ciertas cosas y acertar en acciones de quienes queremos modificar esta realidad.

Por eso mismo los problemas que afectan al conjunto de la sociedad lo sufrirá el colectivo de personas con discapacidad (PCD) con el agravamiento de esa situación de vida.

Estamos atravezando una crisis económica que impactó en el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo y naturalmente en los derechos que asisten a las personas con discapacidad. La manifestación más visible es la eliminación y/o restrición de fondos para políticas y programas. Veamos.

Políticas para Integración Laboral. No hay avances significativos en el cumplimiento del cupo en el Estado ni en el sector privado prestatario de servicios públicos. No hay programas que apunten a la capacitación e integración laboral en el sector privado. No se avanza en programas de economía social, cooperativos, sustentables y dignos. No hay programas de capacitación y reinserción que garanticen una salida laboral digna. Hay un alto porcentaje de trabajo en negro y precarización laboral. Fue desechado un proyecto de Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral que propusimos como Central que contempla la prevención y el resguardo de los trabajadores y a cambio el oficialismo impuso la Ley de ART del Gobierno hecha a la medida de la patronal y en franco perjuicio para los trabajadores.

Políticas de Salud. Además del ostensible deterioro del Sistema Nacional de Salud debe computarse la brutal decisión del Ministerio de Salud de la Nación de cortar el pago al PAMI que, a su vez, denuncia el convenio y deja a miles de personas con discapacidad, pensionados no contributivos, sin cobertura médico social. Ante esta situación la CTA, con la firma de su secretario general, Pablo Micheli, a través de sendas notas intima a dichos organismos a restablecer las prestaciones. ATE hace lo propio con la firma del secretario general, Julio Fuentes y en Diputados, el compañero Víctor De Gennaro presenta un proyecto para que comparezcan los funcionarios en el Congreso.

Aparece la Resolución 1200 de la Superintendencia de Servicios de Salud con la intensión de legalizar la apropiación de los recursos que los trabajadores aportamos al Fondo de Redistribución Solidaria que manejaba la ex APE. Allí, mediante distintos artículos restringe y hasta elimina coberturas médico sociales para personas discapacitadas y para otras enfermedades de los trabajadores y su familia. Luego aparece la Resolución 1511 acotada a discapacidad que en un primer análisis los restituye. En una reunión de secretarios de Discapacidad de la CTA realizada en Córdoba, aparece en la casi totalidad de las provincias la pérdida total o parcial de coberturas en las Obras Sociales Provinciales.

Políticas de Transporte Accesible. Condición indispensable para la escolaridad, la capacitación y la llegada al trabajo. Ni colectivos ni los trenes ni el subte garantizan la posibilidad de cumplir horarios para estas actividades por falta de adaptaciones a las que están obligados por ley, u horarios previsibles.

Una conclusión necesaria es que el Gobierno optó por políticas asistencialistas a las políticas de derechos de ciudadanía. Ésta es la realidad más allá del relato oficial. Y que el ajuste es para todos.

Por eso estamos en la CTA. Por eso estuvimos en el paro del 20 de noviembre y por eso estaremos en la movilización que la Conducción Nacional aprobó para el mes de diciembre.

Hoy, la lucha en defensa de nuestros derechos está, cuestionablemente, en la calle.

*Secretario de Discapacidad de la CTA

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