Lozano: “La deuda pública es similar a la de 2001, cuando se suspendieron pagos”

Claudio Lozano dialogó con los medios sobre la reapertura del canje de deuda que fue aprobada el miércoles en el Congreso por el oficialismo. Esta es la tercera negociación con los acreedores de Argentina, en este caso, con el 7% que aún posee bonos impagos.

(ElEconomistaAmérica.com) El diputado del Bloque Unidad Popular y candidato a senador del Frente Camino Popular cuestionó la “política de desendeudamiento” que utiliza el Gobierno como caballo de batalla. Tal como lo adelantaba su carrera política y sus posicionamientos sobre el tema durante la última década, con su voto rechazó la propuesta que finalmente se convirtió en ley.

Crítico, Lozano planteó que “la deuda pública representa un porcentaje similar al que presentaba la deuda en el año 2001″. Es más, debatió que incluso hubiera servido para fomentar la inversión extranjera directa.

¿Cree que es acertada la reapertura del canje de deuda al 7% que no ingresó en las reestructuraciones de 2005 y 2010?

No. Es una decisión desacertada porque la experiencia ha demostrado que luego de dos reestructuraciones, y habiendo ingresado en ellas el 93% del total, el riesgo de default sigue siendo una espada de Damocles que pesa sobre nuestras cuentas externas, tal como lo evidencian las sentencias de los tribunales del estado de Nueva York, fruto de una renuncia de jurisdicción inaceptable para un estado soberano.

No ha servido para acceder a los mercados voluntarios de crédito, a pesar de que se ha cumplido religiosamente con todos los pagos de capital e intereses pactados en las reestructuraciones, ni tampoco para reducir los montos de la deuda ni sus proporciones respecto del PBI. En efecto, computando el “cupón de PBI” y la deuda con el Club de París, la deuda pública oscila en los 220.000 millones de dólares que representa casi el 50% del PBI, porcentaje similar al que presentaba la deuda en el año 2001, cuando se declaró la suspensión de pagos.

Tampoco ha servido para fomentar la inversión extranjera directa (IED). Los volúmenes de IED captados por Argentina desde las reestructuraciones de deuda no difieren de los captados por otros países de la región, que no tienen la misma situación respecto de su deuda soberana. Lo que demuestra que estas inversiones no dependen de la calificación crediticia del país, sino de las perspectivas de negocios de los capitales trasnacionales, que en esta época se concentran en la explotación (y depredación) de los recursos naturales.

Esto no significa que no sea correcto que un gobierno haga todos los esfuerzos que estén a su alcance para ajustar los pagos de capital e intereses de la deuda pública externa a niveles que sean compatibles con resultados fiscales y de comercio exterior que aseguren el bienestar de la población. Es por ello que nuestra opinión no es un rechazo a la reestructuración de la deuda en cualquier contexto. Rechazamos ésta, como las anteriores reestructuraciones de la deuda pública externa, porque mientras no se investiguen las múltiples irregularidades que cometieron los gobiernos, el sistema financiero, y las empresas nacionales y extranjeras en el origen de esa deuda, siempre será la República Argentina la que aparecerá como incumplidora de sus contratos en cualquier corte internacional.

Entendemos que debe aclararse, de una vez por todas, qué parte de la deuda era legítima en su origen, y qué parte no. A partir de ahí, hacer un seguimiento de cómo se fue transformando esa deuda original en la deuda reestructurada de hoy, dejar sentado el principio de corresponsabilidad entre el deudor y el acreedor original en la deuda irregular y, entonces sí, encarar una reestructuración de la deuda legítima, bajo legislación argentina, comprometiendo a todos los actores involucrados, entre ellos los organismos financieros internacionales, en una solución que deje indemnes a quienes actuaron de buena fe, en particular a los ciudadanos argentinos endeudados contra su voluntad por un gobierno de facto, en complicidad con los intereses económicos a los que sirvió.

¿Por qué se toma esta decisión ahora cuando el Gobierno había planteado que no se le pagaría a los “fondos buitre”?

Nuestra interpretación es que, tardíamente, se pretende mostrar a la justicia norteamericana y a la comunidad de negocios un gesto de buena voluntad. Lejos de contribuir a mejorar la posición de la República Argentina frente a sus acreedores, esta estrategia la complica más aún. Reabrir el canje deja abierta la puerta para que nuevas demandas en tribunales internacionales tengan perspectiva favorable contra la Argentina, al sentar el precedente inédito de una reestructuración originada en una sentencia judicial. Tal es el caso de la deuda con el Club de París (que proviene en un 50% de la época dictatorial y el resto del “blindaje” y “mega canje” de los años 2000 y 2001); así como de las multimillonarias demandas que se acumulan en el CIADI frente a las denuncias empresariales sobre violaciones del Estado Argentino a lo que disponen las cláusulas de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

¿Qué ocurrirá si los “holdouts” no aceptan las condiciones que Argentina plantea y el Estado debe pagar más de lo que pretende por orden de la Corte Suprema estadounidense? Además, ¿qué sucederá con los acreedores que sí reestructuraron en este caso?

Aún cuando una parte de los actuales demandantes ante el juzgado del juez Griesa aceptaran ingresar en el nuevo canje, es poco probable que todos ellos lo hagan. Por lo tanto, siempre quedará una parte de la sentencia (en caso que ésta resulte confirmada por la Corte Suprema de los EUA) que deberá cumplirse.

Esto pone a la argentina ante un callejón sin salida: por un lado las leyes nacionales le impiden dar a los “holdouts” un mejor trato que el otorgado a quienes ingresaron a los canjes. Por otro lado, la posibilidad cierta de que resulten embargadas parcialmente las sumas destinadas al cumplimiento de la deuda reestructurada, para afectarlas al pago de los demandantes, automáticamente aceleraría el vencimiento de los títulos canjeados, en virtud de las propias cláusulas de la reestructuración. Ello colocaría a los bonistas que entraron al canje en igual situación que a los “holdouts” en relación con la República Argentina, convirtiendo en estéril todo el andamiaje jurídico y financiero de las reestructuraciones, llevando la situación de la deuda al punto de partida.

Esto demuestra el fracaso de toda la estrategia encarada por el gobierno en relación con la deuda, y la necesidad de abordar esta cuestión desde la perspectiva anteriormente señalada, como único camino para encontrar una solución justa y definitiva.

 

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