Bases de acción política

 

El partido “INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR” es una herramienta para la constitución de un movimiento político y social que pretende ser gobierno –conjuntamente con las organizaciones sociales y políticas que se sumen-

A tales efectos es su intención participar electoralmente presentando candidatos para Presidente y Vicepresidente, y el Consejo de la Magistratura, y mediante los Partidos Distritales para el Congreso  y el Senado Nacional y para los cargos Ejecutivos Provinciales y Municipales y para el Poder legislativo provincial y municipal .

Creemos necesario:

Exaltar la plena vigencia de la Constitución Nacional,  y de la constituciones de las provincias, así como también la necesidad de promover fundamentalmente valores como la justicia social, los derechos humanos, la solidaridad, el pluralismo, la soberanía popular y la transparencia en los actos públicos.

Impulsamos  la autonomía de las Municipalidades.

Establecemos la necesidad de profundizar la búsqueda de mecanismos de control para la acción estatal, como también a aquellos que otorguen transparencia a la gestión del gobierno y a la administración de los fondos públicos.

Se debe potenciar el protagonismo ciudadano, el gobierno debe trabajar para fortalecer mecanismos precisos de democracia directa y semidirecta como la consulta popular y el plebiscito. Es necesario relanzar los planes de presupuesto participativo,  cuidando que efectivamente tengan facultades resolutivas sobre el presupuesto de las ciudades y pueblos de la nación.

Se debe jerarquizar al Trabajador Estatal en todos sus estamentos, la nación, las provincias y los municipios con una carrera administrativa que garantice las posibilidades de ascenso y capacitación para todos los agentes. Con un piso salarial equivalente a la Canasta Familiar Básica, la realización de concursos públicos para todos los cargos, la eliminación de cualquier forma de precarización laboral, con la incorporación a la planta de todos los trabajadores. Buscamos que el trabajador estatal recupere un sentido de pertenencia e identidad que se sienta orgulloso del servicio público que realiza.

Es necesario propiciar la libertad sindical, hay que terminar con el unicato vigente, y así propiciar que los trabajadores, libremente organizados tengamos mayores condiciones para disputar la riqueza en todo el país.

A tales efectos debe haber un Ministerio de Trabajo con un papel activo, no neutral, que bregue por el cumplimiento de la ley y a favor de los trabajadores.

El Estado debe cumplir un papel activo para recuperar, promover, fomentar y crear nuevas fuentes de trabajo.

Defendemos la educación pública, verdadero pilar en la construcción de una Argentina más justa, deberá otorgar a los miembros de la comunidad las herramientas necesarias para hacer de la integración social un concepto real y permanente. Con docentes justamente retribuidos.

Asimismo, la Universidad, pública y gratuita,  deberá convertirse en la instancia generadora natural para el desarrollo de las potencialidades de los miembros de la comunidad, para su posterior integración en el armado de un gran plan nacional.

Debemos garantizar el acceso a la educación inicial para todos los niños, se deberán crear mayor cantidad de guarderias, que cubran horarios acordes al de trabajo de las compañeras/os trabajadores.

En Cultura trabajaremos para concientizar y garantizar la diversidad cultural en concordancia con los artículos  fundamentales de la declaración universal de la Unesco del año 2001. La cultura debe ser utilizada como herramienta política contra toda clase de pensamiento único y hegemónico Y que se exprese contra toda forma de discriminación.  La política en comunión con las formas culturales de expresión serán puestas en acción para ayudar a transformar el pensar  y el crear de nuestra sociedad.

En cuanto al medio ambiente es necesario tener políticas activas, es necesario terminar con la contaminación que produce el modelo agroexportador extractivista. Es indispensable extender el sistema cloacal a todos los habitantes de los pueblos y ciudades, especialmente a las Villas.

Es imprescindible dar una gran batalla contra la especulación inmobiliaria sobre la tierra pública de las ciudades, en defensa de la Vivienda Social. Hay que cobrar impuestos a los inmuebles ociosos, exigir el cumplimiento impositivo a los grandes evasores inmobiliarios.

Es necesario frenar los desalojos, e impulsar una solución definitiva que garantice la vivienda a los habitantes de los inquilinatos, casas tomadas y Villas.

De igual modo se debe frenar el avance del modelo agrario sojizador sobre lar tierras que legítimamente ocupan nuestros hermanos de los Pueblos Originarios y los pequeños campesinos y productores rurales.

La prevención y el cuidado de la salud, la asistencia a espectáculos públicos, la participación en colonias recreativas, la mejora habitacional, la formación educativa o el acceso libre a espacios de integración social, no pueden sino ser derechos cuyo cumplimiento debe estar garantizado por parte del Gobierno.

Porque no claudicamos en la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la defensa irrestricta de todos los derechos humanos, propiciamos el juicio y castigo a todos los represores acusados de delitos de lesa humanidad.

La defensa de todos los derechos humanos, así como la condena de cualquier acto que vulnere la integridad física, intelectual o espiritual de los ciudadanos, debe ser asumida como una política de Estado.

La desigual distribución de la riqueza, excluye a gran parte de la población del acceso a los más básicos derechos humanos. El Estado, como articulador de la diversidad social, debe bregar por la compensación de esas desigualdades, garantizando un mayor y mejor acceso de todos los habitantes a la vivienda, la cultura, la salud, la educación, la recreación y el descanso. En este sentido, el Gobierno, deberá proyectar y organizar la provisión de los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para garantizar ese acceso. Así como garantizar salarios que garanticen la reproducción digna de la vida del trabajador y su familia, una asignación universal por hijo para todos los habitantes del país y un seguro de empleo y formación para los desocupados.

Sostenemos la también la necesidad de revisar el conjunto del proceso privatizador apuntando a la plena recuperación plena del control público y soberano sobre rentas la explotación de los recursos naturales, a efectos de ponerle límite a la degradación ambiental y con el objeto de capturar imprescindible rentas extraordinarias que nos permitan avanzar en el cambio de la estrategia productiva.

Asimismo, el Estado debe facilitar mecanismos de resolución alternativa de conflictos entre vecinos e intervenir a favor de estos en su relación con las empresas, especialmente con las concesionarias responsables de prestar servicios públicos. Para ello, el gobierno debe  promover  las áreas de mediación y de defensa de los usuarios y consumidores, e impedir que los sectores más poderosos de la comunidad impongan reglas y condiciones ilegales, ilegítimas o inmorales a los habitantes.

También es menester ubicar a la industria nacional en un grado prioritario a la hora de establecer objetivos para la economía argentina, pensando que su consolidación y expansión lo es también del país todo.

El Gobierno tiene la obligación de recrear mecanismos de promoción de la actividad empresarial, en particular de las PyMES, que son las que generan mayor cantidad de empleo en todo el mundo. Se debe adecuar el esquema tributario de manera de aliviar la carga de los sectores de la pequeña y mediana empresa  más castigados por la crisis y aumentar la presión hacia quienes fueron beneficiados por el modelo vigente.

El Gobierno debe aumentar los controles sobre toda la actividad empresarial que se desarrolla, sin que eso signifique alterar las estrategias de desarrollo económico.

Se debe fomentar el desarrollo del pequeño comercio barrial, mediante la promoción tributaria y la generación de mejores entornos urbanos, como corredores o paseos peatonales, entre otros.

Se debe propiciar la estructuración de un sistema tributario justo, equitativo y solidario con criterios de progresividad.

El asociativismo, la llamada economía social o la creciente participación de los ciudadanos en distintas organizaciones de la comunidad, surgen como alternativas viables para un desarrollo más armónico y equitativo y colocan al ciudadano en un rol protagónico en el crecimiento no sólo individual, sino de su grupo, su barrio o su sector social.

En ese marco, el Estado debe promover el crecimiento de las organizaciones de la comunidad mediante asistencia técnica, capacitación, recursos y generación de ámbitos democráticos de intercambio y participación. Asimismo, debe garantizar que los distintos colectivos sociales puedan estar legítimamente representados en los espacios institucionales que se generen.
El Gobierno, debe elaborar un Plan Estratégico, que atienda a la necesidad de generar un entorno acorde a las necesidades de crecimiento económico, demográfico y cultural del conjunto social. Se requiere una intervención permanente sobre su infraestructura pública, de manera de ampliar y mejorar la cantidad de espacios para el aprovechamiento social y generar ámbitos urbanos en los que la belleza estética se corresponda con una mayor seguridad para los ciudadanos.

Con respecto a este último aspecto, el fomento de redes comunitarias de protección, fiscalías barriales, así como la articulación de tareas y funciones entre el Gobierno y la Policía, deben  ser caminos adecuados para reducir los niveles de inseguridad urbana. Es necesario impulsar campañas de desarme de los ciudadanos, convencidos que un ciudadano armado favorece la violencia.

Creemos en criterios preventivos y garantistas, no punitivos.

La policía y demás fuerzas de seguridad interior deben ser formadas con criterio garantistas y con un conocimiento integro de los derechos humanos, con el fin de impedir “el gatillo fácil” y  manejos represivos de la fuerza.

En cuanto a la salud es necesario garantizar la elaboración de un Plan Unico Integrado de Salud, que garantice el acceso el derecho a la salud a todos y todas los habitantes de nuestro país, entendiendo la salud no solo como la reparación de la enfermedad sino el conjunto de programas y planes que la evitan, y  aquellas que facilitan su recuperación.  En este punto pensamos en  hospitales cuenten con los insumos necesarios para su funcionamiento, se deben incorporar más personal técnico y de enfermería. Debemos propiciar una política de prevención más activa.

En cuanto a la tercera edad, creemos que en lo previsional el mejor sistema es el de reparto garantizando el cumplimiento del derecho a la percepción del 82% móvil. Debemos incluir y dar contención a los mayores de 65 años que a consecuencia  de la precariedad laboral no tienen acceso al sistema previsional o viven solos. Hay que crear, con sentido humanista, geriátricos que no sean depósitos de viejos.

La posibilidad de concretar estos objetivos alcanzará mejores condiciones de realización acompañando la importancia que ha adquirido el asociativismio político en la región, en el marco de la Integración Latinoamericana. Profundizando los mecanismos de complementación productiva y financiera que permitan dinamizar la región con mayor autonomía en el nuevo escenario mundial

Estos son, los primeros lineamientos –sometidos a la elaboración y modificación por los ciudadanos- del plan de acción política del

Partido “INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR

Un comentario

  1. Carlos Barrios Puchetta says:

    Muy de acuerdo con los planteos, siempre considerando que es posible realizar mejoras o aportes a cada uno de ellos, y por supuesto, agregar otros también, por ej.: que los ciudadanos que ejercen su ciudadanía y se esfuerzan por cumplirla, intentando pagar sus tributos y/o servicios públicos aún cuando carezcan de los medios más básicos para el desarrollo de su vida, sean reconocidos, ayudados y puestos como ejemplo de ciudadano.
    Abrazo.

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